Por Diario Financiero.
En el marco de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) ratificó que las municipalidades puedan realizar convenios directos con sistemas de gestión sin pasar por un proceso de licitación previo.
La Ley REP establece metas de recolección y valorización para seis productos prioritarios. Las del primero, envases y embalajes, entran en vigencia en septiembre de 2023, y serán los sistemas de gestión los encargados de ayudar a cumplirlas a empresas y municipios.
La historia comenzó en agosto pasado, cuando el sistema de gestión colectivo Sigenem -ReSimple- pidió al TDLC pronunciarse respecto de diversos aspectos, entre ellos, las propuestas de bases de licitación para la contratación del manejo de residuos con terceros.
En esta oportunidad, el Tribunal acogió la recomendación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para que, en los convenios entre municipios y sistemas de gestión, se estableciera la obligatoriedad de realizar una licitación abierta.
No obstante, esto generó el rechazo de la Asociación Metropolitana de Municipalidades de Santiago Sur (MSur), que presentó un recurso al TDLC para revertir este resultado, el que fue acogido por la entidad.
En respuesta, la FNE presentó un “incidente de nulidad”, que reclamaba la necesidad de una licitación para firmar los convenios entre ambos actores.
Finalmente, la autoridad de libre competencia falló a favor de Msur, lo que permitirá que los municipios firmen contratos directamente con los sistemas de gestión sin obligación de realizar una licitación.
Jorge Canals, abogado de Moraga y Cía, exsubsecretario de Medio Ambiente y quien lideró el proceso del recurso interpuesto por MSur, explicó que la postura de la FNE iba en contra de lo que señala la Ley REP, respecto de que “las municipalidades debían tener una situación preferente para contratar directamente a los sistemas de gestión, ya que ellas son las que más conocen el territorio. La FNE veía esto como una traba, que podía entorpecer el ingreso de otros sistemas”.
Canals, señaló que esto busca que los municipios tengan incentivos para incorporarse a la Ley REP como gestores de residuos, “ratificando el rol especial e inclusivo que tienen en la REP los municipios y asociación de municipios como un gestor privilegiado, que realiza convenios directamente con los sistemas de gestión”.
A la fecha, tres sistemas de gestión colectiva para envases y embalajes ya fueron aprobados para operar, ReSimple, ProREP y Giro.
