Por: Carolina León, Diario Financiero
La Ley de Protección del Empleo (LPE) lleva más de un año de vigencia en el país y ha permitido -de acuerdo a datos de la Superintendencia de Pensiones actualizados al 2 de mayo- que más de 134.700 empresas suspendieran los contratos de sus trabajadores a raíz de la crisis económica que trajo consigo la pandemia del Covid-19.
Y si bien se sabe que la normativa ha sido utilizada principalmente por firmas ubicadas en la Región Metropolitana, un análisis de Equifax permitió conocer la distribución de esas firmas en la capital al cruzar información que publica mensualmente la Dirección del Trabajo (DT) con data del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Dado este trabajo, la entidad identificó a aquellas firmas que se encuentran activas y, al mismo tiempo, conocer el rubros en el que se desempeñan.
De acuerdo al estudio, en marzo se acogieron cerca de 38.700 empresas en el Gran Santiago a la LPE, lo que representa una caída respecto a los meses previos, ya que en diciembre, enero y febrero la cifra superó las 40 mil firmas.
Por comuna, los datos muestran que Santiago fue donde más empresas se acogieron a la Ley de Protección del Empleo, con 7.798 firmas al cierre del tercer mes del año. Le siguieron Providencia, con 5.312, y Las Condes, con 4.973.
Del total de las firmas que se habían acogido a la Ley en el Gran Santiago, un 54,2% eran pequeñas, lo que corresponde a 20.992.
Más atrás se situaron las microempresas, con un 26,5% del universo considerado, con más de 10.200 firmas acogidas a la legislación.
Las firmas medianas, en tanto, representaron un 13,6% del total de entidades acogidas a la LPE.
Sólo un 5,6% de las cifras verificadas en el Gran Santiago correspondieron a grandes compañías, con poco más de 2.174 firmas.
“Para las empresas pequeñas y microempresas el beneficio es más significativo, debido a que tienen menores espaldas financieras que las de mayor tamaño”, señaló el líder de estudio geo de Equifax, Nelson Betancourt.
Por lo general, explicó, las firmas de menor tamaño están asociadas a familiares y son atendidas por el mismo dueño, “por lo que se tiende a dilatar la decisión de acogerse a esta ley”.
El comercio bajo presión
Por sector económico, las empresas relacionadas al comercio fueron las que más recurrieron a la nueva legislación, con 8.135 firmas (21% del total).
Aquellas vinculadas al mundo de los servicios administrativos y de apoyo ocuparon el segundo lugar, con 6.936; actividades científicas fue el tercer sector que más ocupó la norma con 5.228 empresas; alojamiento y servicios de comida en el cuarto lugar con 3.067 y, por último, construcción con 2.796 firmas que utilizaron la norma.
Según Betancourt, lo del comercio responde a su mayor afectación por las restricciones de movimiento que ha implementado la autoridad. “Sin flujo de personas, las ventas bajan. Esto es especialmente crítico en zonas de oficinas, donde había un alto volumen de tránsito peatonal, pero que cayó significativamente producto de la llegada del formato home office”, dijo.
Más de 18 mil suman contratos suspendidos para cuidar a los hijos
El uso de la Ley de crianza protegida, que entró en vigencia en julio de 2020, y que permite a los padres y madres -a través de la LPE- suspender sus contratos de trabajo para cuidar a sus hijos, ha ido un aumento con el transcurso de los meses.
Datos de la Superintendencia de Pensiones al 2 de mayo de 2021 revelan el ingreso de 20.219 solicitudes de este tipo a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).
Del total, la AFC ha autorizado a sólo 18.776 de las peticiones conocidas. De esta última cifra, el 95,7% corresponde a mujeres, el 4,1% a hombres y del resto se desconoce la información específica.
La Ley Crianza Protegida permite que las madres, padres y cuidadores afiliados al Seguro de Cesantía que tengan a su cuidado personal niños nacidos a contar del 1 de enero de 2013 -y que no estén haciendo uso de un permiso postnatal parental-, cuyo colegio, jardín infantil o sala cuna donde está inscrito el menor esté cerrado temporalmente por la pandemia Covid-19, puedan acogerse a la Ley de Protección del Empleo por opción personal.
