Por: Por: Valentina Llompart, Diario Financiero.
Faltan seis meses para que Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) comience su implementación gradual, la que obligará a las empresas a hacerse cargo de los productos que generan hasta el final de su vida útil. En enero de 2023 entran en vigencia las metas de neumáticos, el primero de los seis productos prioritarios de la ley, y en septiembre, las de envases y embalajes, el segundo.
Actores clave en la implementación de esta legislación son las municipalidades, las que históricamente han estado a cargo de la función de aseo y ornato de la comuna, lo que incluye la recolección de la basura. Una función que evidencia diferencias en el territorio, principalmente en los niveles de desarrollo de la recolección de residuos y en la educación de las comunidades en materia de reciclaje.
En la Ley REP, las atribuciones de los municipios incluyen obrar como gestores directos -recolección, transporte y tratamiento de residuos- o intermediarios entre los sistemas de gestión (SIG) y los gestores; promover la educación ambiental a la comunidad; velar que en cada territorio opere de forma efectiva la gestión de residuos; y emitir permisos para la instalación y operación de puntos limpios en bienes de uso público.
La directora ejecutiva de Círculo REP, Carmen Gloria Ide, señala que si bien hoy los municipios están a cargo del retiro de basura, “ese rol de cara a la Ley REP cambia rotundamente, porque ahora deberán llegar a acuerdos con los SIG. La municipalidad dentro de la ley no tiene un rol absolutamente definido por el tema de los acuerdos. Es el mandante finalmente del territorio. O trabaja junto al sistema de gestión o supervisa el rol del SIG”, dice.
Añade que una de las ventajas de la ley para las municipalidades, es que incentiva a los sistemas de gestión a celebrar convenios con los municipios, “ya que estos se pueden hacer sin licitación previa”, afirma.
Fernando Zagal, gerente de proyectos Ley REP para la Gestión y trazabilidad de residuos de Vínculo Verde, comenta que el municipio también “deberá establecer ordenanzas que tendrán que comunicar a la población, y podría eventualmente, fiscalizar que se desarrolle un correcto depósito de los residuos o una separación selectiva”.
El abogado de Moraga y Cía y exsubsecretario de Medio Ambiente, Jorge Canals, explica que la ley REP permitirá a las municipalidades o asociaciones de municipalidades, operar igual que una empresa de recolección o tratamiento de residuos, e incluso, da opciones a los municipios.
“Pueden elegir no hacer nada y que los SIG sigan trabajando en las comunas; o constituirse como gestores y, en consecuencia, convenir con el SIG para hacer la recolección o tratamiento; o también asociarse con otros municipios para hacerlo. Pero sí tienen dentro de sus obligaciones aceptar que los sistemas de gestión entren a las comunas”, afirma Canals.
Brechas
Los expertos afirman que surgirían una serie de dificultades en torno al rol de las municipalidades una vez que se ponga en práctica la ley. Entre ellas, estarían las brechas entre el desarrollo que hoy tiene cada territorio y los planes de cada sistema de gestión.
“Lo más probable, es que los SIG prioricen aquellas comunas que ya tienen un sistema de recolección de residuos, como Providencia y Vitacura, donde tienen pilotos de recolección de separación diferenciada en origen. Esto provocaría una gran desigualdad con las comunas más pobres, las menos organizadas, donde los SIG vayan a cumplir las metas de las que tienen más recursos y será un problema en cómo se organiza el sistema desde el alcance del territorio”, afirma Canals.
En esta misma línea, Ide señala que los distintos niveles de desarrollo en el territorio y cómo esto se va a conjugar con los planes de los sistemas de gestión “será una dificultad”. “En aquellas comunas más grandes vamos a tener eventualmente industrias de reciclaje instaladas, en comparación a otras donde no hay retiro domiciliario”, plantea.
Alerta que la relación con los vecinos y el nivel de desinformación sobre la ley en las comunas deben ser puntos a considerar. “El vecino va a tener que empezar a separar en la casa obligatoriamente. Se acaba el camión de basura que se lleva todo, y ahí van a haber complicaciones y reclamos. Este es un nuevo modelo, donde hay que convencer a aquellas generaciones que ya no están tan en el carro de los temas de cambio climático”, explica Ide.
Para Zagal, en tanto, el desafío uno es el tema de la trazabilidad: “Cómo se valida si un plan de gestión de residuos realmente termina en el fin específico que se quiere o si se está pagando por algo que no cumple el objetivo, por ejemplo, que terminen en un relleno sanitario”.
Por otro lado, Canals afirma que, considerando los plazos, hay atrasos respecto a los acuerdos que deben implementarse entre SIG y municipalidades, ya que “la ley no obliga a que antes de que entren en vigencia las metas de los productos prioritarios, este tema esté zanjado. Es ideal que sí, pero este es uno de los grandes problemas de cómo acomodar a los municipios al sistema REP”.
