Por: Martín Ayala, Diario Financiero
A poco más de un año de la publicación de la Ley 21.180 de Transformación Digital, que busca acelerar la digitalización de todas las reparticiones públicas, el Gobierno ha impulsado ciertos avances en digitalización -como la Clave Única- principalmente por la aceleración digital de toda la sociedad impulsada por la pandemia, pero exhibe un rezago en otros ámbitos como interoperabilidad, prevención del delito, salud y cultura.
La regulación, cuyo cumplimiento es supervisado por la división de Gobierno Digital, de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) debe implementar seis ejes de aquí a 2024: comunicaciones electrónicas entre órganos del Estado, notificaciones electrónicas, procedimientos administrativos vía formatos electrónicos, expedientes electrónicos, digitalización de documentos e interoperabilidad.
El principio de interoperabilidad consiste en que los medios electrónicos de los organismos del Estado sean capaces de interactuar y operar entre sí, haciendo obligatorio compartir expedientes, documentos o información respecto de materias de la competencia del órgano solicitante, lo que evitaría, por ejemplo, que una entidad pública rechace un trámite por una falta de un documento que emite otra repartición del Estado.
Para Carolina Cabrera, abogada de Accenture, experta en tecnología y datos personales, ningún eje de los anteriores funcionará por sí solo, por lo que se debe avanzar en conjunto. No obstante, cree que la interoperabilidad tiene un rol fundamental, dado a que hoy todo funciona por separado en el Estado y los organismos mantienen información sin compartirla.
“Si no logramos unir en un solo espacio toda la información para que los organismos puedan acceder de una misma forma será difícil cumplir con el proyecto. Quizás vamos a ser digitales, pero se seguirá trabajando por ventanillas para cada trámite, que es lo que se pretende erradicar con la interoperabilidad”, afirma la abogada.
En esa misma línea, el senador independiente Kenneth Pugh, quien sigue de cerca los temas digitales desde el Congreso, comenta que si tuviera que elegir uno de los ejes de la ley para avanzar, se inclinaría por la interoperabilidad.
“Esta es la piedra angular de la ley. Los otros ejes o principios también importan y contribuyen, pero los gobiernos en el mundo requieren tener un modelo de gobernanza basado en interoperabilidad. Con este eje todo el aparataje se articula y se puede avanzar mejor”, dice el senador.
Sergio Bijman, académico y director del diplomado en Transformación Digital de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, considera que a medida que se vaya avanzando en el proceso será inevitable que los aparatos del Estado conversen, lo que lo volverá más cercano a la ciudadanía.
“Para un ciudadano o empresa es molesto entregar reiteradamente los mismos datos que el Estado ya dispone. Cuando se comience a avanzar en este eje, se demostrará el conocimiento por las personas, lo que los vuelve más cercanos”, explica el académico.
Avances: Clave Única y cuenta Rut
En materia de avances, los entrevistados coinciden en que los principales han sido la promulgación de una ley que establece una hoja de ruta de transformación digital y en identidad digital, con la Clave Única. Según datos de Gobierno Digital son casi 11 millones los ciudadanos que cuentan con esta clave, lo que les permite realizar 1.071 trámites en 215 instituciones del Estado.
“Se debe destacar que hay avances provenientes de administraciones anteriores, diría que desde los últimos tres gobiernos se ha ido definiendo la hoja de ruta digital para monitorear los avances. Eso demuestra que hay atisbos de una política de Estado que ha sido transversal”, afirma Bijman de la FEN.
El senador Pugh agrega la cuenta Rut del BancoEstado, pese a que su nacimiento es anterior a la ley.
“Que con nuestro Rut podamos conversar con el Estado es muy importante y sucede en pocos países del mundo. Este funcionamiento hay que mejorarlo e impulsarlo con esta ley.
Necesitamos tener más aplicaciones para usarlas a diario y capturar información general anonimizada, no de datos personales, que valide políticas públicas”, dice.
Retrasos: salud y prevención de delitos
Respecto a las áreas de la administración del Estado que están más rezagadas, el senador Pugh apunta a los delitos, urgencias, salud y accidentes.
“La pesca ilegal, el tráfico de madera, el lavado de activos para mí son temas de fiscalización y control que se pueden prevenir con la transformación digital. Hoy no puede ser que exámenes médicos realizados en diferentes lugares no sirvan, ni conversen. Se debe apuntar a los riesgos que afectan al sistema, después ver el tema de acelerar documentos”, señala el senador.
Bijam, de FEN, considera que a nivel de ministerios los más rezagados son los de Agricultura, Salud, Obras Públicas y Justicia. “En general estos sectores son las más atrasados tanto a nivel público como privado. El caso de la salud, tiene un matiz, dado que con la pandemia pudieron avanzar en todo el retraso que arrastraban desde hace años”, comenta.
Respecto de cumplir la meta de implementación de la ley 21.180 a noviembre de 2024, afirma que la digitalización del Estado no tiene vuelta atrás y los ciudadanos cada vez serán más exigentes en esta materia.
“Si se establece este tema como prioridad y se traduce en metas factibles para los servicios del Estado lo veo muy factible, ya que no existiría una dificultad técnica que lo impida. De todas formas, va a depender de la próxima administración si se propone avanzar en interoperabilidad y lo consideran una meta”, dice.
Cabrera señala que si bien es difícil hacer pronósticos en el contexto actual, es una meta alcanzable. “El Estado es gigante, pero va por buen camino; necesitamos ir más adelante”, afirma.
El senador Pugh también considera que esto será materia de los candidatos presidenciales. “Este Gobierno dejó trazada la hoja de ruta, pero el avance y ejecución la tendrá que ver la nueva administración. Creo que los cinco años es una fecha prudente y alcanzable, aunque obviamente puede tener retrasos”, sostiene.
Cambio cultural
En cada proceso de transformación digital en cualquier institución -pública o privada- los expertos en esta materia advierten que debe ir acompañado de un cambio cultural, “sin excepción”, algo que hoy no ven con claridad que esté ocurriendo en la administración pública.
Para Bijman, la ley no se debe pensar como un tema tecnológico, sino “como un proceso que debe ir evolucionando y ser acompañado de una estrategia digital que aúne las voluntades del sector público y privado para poner al ciudadano en el centro del proceso, hoy solo ve la diseñada por el Gobierno. “Estamos en una segunda división en este tema en comparación a países OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y de no avanzar perderemos competitividad comercial con otros países”.
Cabrera prevé un retraso en parte de algunos organismos del Estado en capacitación y preparación del personal que usará las tecnologías, dado que “significará mayor inversión en los proyectos tecnológicos que se realicen”.
El senador Pugh dice que el Estado es el primer responsable en realizar el cambio cultural, ya que el crecimiento del país está ligado al desarrollo digital, y “si este no se ejecuta no vamos a crecer”. Afirma que el país está en un “punto de inflexión” y el proceso será lento por el tamaño del Estado, pero se debe trabajar para que sea lo menos lento posible. “Hay que usar las capacidades de la tecnología para mejorar los procesos, abaratar costos y optimizar el personal del Estado, destinándolo a otras funciones; no sólo a traspasar documentos de papel a un archivo digital”, dice.
